146. En tal sentido, la Corte Interamericana considera que el derecho que recoge el citado artículo 8.1 de la Convención, además de exigir el desarrollo de una causa judicial en un plazo razonable, es decir, en términos del tiempo que se prolongue su tramitación, resolución y efectiva ejecución, atiende también a la necesidad de garantizar que el proceso, como mecanismo de tutela de los derechos, provea seguridad jurídica en función de su misma sustanciación y de la decisión que finalmente dirima la controversia sometida a conocimiento del tribunal. Así, la sentencia o resolución definitiva que se emita, en tanto se pronuncie sobre el fondo del asunto, debe procurar despejar cualquier incertidumbre acerca de la situación concerniente a las personas, los derechos, los bienes o las relaciones cuya discusión haya sido, precisamente, el objeto del litigio judicial. Ello demanda un pronunciamiento sobre los distintos elementos que hayan sido parte de la discusión procesal y respecto de los que el juez o la jueza ejerza plenamente sus competencias.

42. Asimismo, en su artículo 31, este instrumento internacional reconoce el derecho de acceso a la justicia49, y señala que "la persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". El párrafo tercero del citado artículo prevé que "[l]os Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales". De esta forma, la Corte considera que surge un derecho a un tratamiento preferencial de las personas mayores en la ejecución de las sentencias a su favor y un correlativo deber estatal de garantizar un acceso diligente, célere y efectivo de las personas mayores a la justicia, tanto en los procesos administrativos como judiciales50.

163. Además, las presuntas víctimas son en buena parte personas mayores158, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, la Corte recuerda que, conforme a lo establecido en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad, en determinados casos "el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad [...] para ejercitar [los] derechos ante el sistema de justicia"159. Además, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la cual Perú forma Parte160, reconoce como principios generales la igualdad y la no discriminación (artículo 3.d) el buen trato y la atención preferencial (artículo 3.k) y la protección judicial efectiva (artículo 3.n) Asimismo, en su artículo 31, este instrumento internacional reconoce el derecho de acceso a la justicia161, y señala que "[l]a persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". El párrafo tercero del citado artículo prevé que "[l]os Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales". De esta forma, la Corte considera que surge un derecho a un tratamiento preferencial de las personas mayores en la ejecución de las sentencias a su favor y un correlativo deber estatal de garantizar un acceso diligente, célere y efectivo de las personas mayores a la justicia, tanto en los procesos administrativos como judiciales162. De modo que, cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, como las personas mayores, es exigible un criterio reforzado de celeridad en todos los procesos judiciales y administrativos, incluyendo la ejecución de las sentencias.

207. Por último, dado que el proceso judicial está pendiente de resolución, la Corte considera pertinente pronunciarse en torno a la aplicación del tipo penal específico. Al respecto, si bien en el fallo de 2017 el Tribunal Oral no hizo mayor relación sobre el tema, el juez a cargo de la instrucción refirió que, dado que dicho tipo penal no se encontraba vigente al 26 de septiembre de 1976 (cuando inició la desaparición forzada de la presunta víctima) "aplicarl[o] a los hechos [...] implicaría una violación flagrante del principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa"²³³3. Ante ello, se reitera la jurisprudencia constante de este Tribunal en cuanto a que la desaparición forzada de personas es un delito de ejecución permanente, cuya consumación continúa mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos²³⁴4. En consecuencia, al entrar en vigor la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, por mantenerse en ejecución la conducta delictiva, la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva235.