124. En todo caso, la jurisprudencia interamericana ha enfatizado que, cuando se trata de la averiguación de violaciones a los derechos humanos, toda autoridad estatal debe cooperar, apoyar o coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la debida investigación de los hechos con el fin de alcanzar los objetivos de esta y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. De igual forma, la Corte ha indicado que la obligación de investigar, juzgar y sancionar, en su caso, a los responsables es una obligación que corresponde al Estado como un todo130.

274. La Corte recuerda que en esta Sentencia declaró la violación de distintos derechos derivada de la instauración del proceso judicial contra las víctimas y la emisión de la sentencia que declaró su responsabilidad penal. En atención a esas violaciones, así como tomando en cuenta lo solicitado por la Comisión y lo indicado por el Estado, la Corte considera que si alguna de las víctimas o sus familiares, en el caso de que aquella hubiere fallecido, requieren que se deje sin efecto la sentencia condenatoria, deberán solicitarlo así al Estado en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. Una vez que se hayan recibido dichas solicitudes y cumplido el referido plazo, el Estado contará con el plazo de seis meses para adoptar las medidas necesarias para promover o poner a disposición, en favor de dichas víctimas, un recurso o emitir una decisión para dejar sin efecto la sentencia condenatoria, lo cual podría ser mediante la revisión o anulación del fallo, u otro mecanismo adecuado187.

164. En relación al principio de legalidad, esta Corte ha establecido de forma reiterada que la precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria puede ser diferente a la requerida en materia penal, por la naturaleza de los conflictos que cada una está llamada a
resolver271. Esto indica que los problemas de indeterminación de un tipo disciplinario no pueden ser examinados en abstracto, sino a la luz de la motivación del juzgador al momento de su aplicación. Así, la aplicación de un tipo disciplinario abierto no constituye, en principio, una violación del principio de legalidad o del derecho al debido proceso, siempre que se respeten los parámetros jurisprudenciales que se han definido para tal efecto272. En ese sentido, este Tribunal ha sostenido: [A]l aplicar normas disciplinarias abiertas o indeterminadas, que exijan la consideración de conceptos tales como el decoro y la dignidad de la administración de justicia, es indispensable tener en cuenta la afectación que la conducta examinada podría tener en el ejercicio de la función judicial, ya sea positivamente a través del establecimiento de criterios normativos para su aplicación o por medio de un adecuado razonamiento e interpretación del juzgador al momento de su aplicación. De lo contrario, se expondría el alcance de estos tipos disciplinarios a las creencias morales o privadas del juzgador273.

176. Finalmente, en atención a las violaciones declaradas en esta Sentencia, la Corte estima necesario ordenar al Estado que, en el plazo de dos años, adopte las medidas pertinentes, incluyendo las reformas normativas que sean necesarias, para asegurar que los procesos relacionados con la situación de niños, niñas y adolescentes afectados por el posible feminicidio de su madre sean tramitados con diligencia y celeridad excepcionales, y se les proporcionen medidas adecuadas de acuerdo al interés superior del niño.

251. No le corresponde a la Corte sustituir a las autoridades nacionales en la individualización de las sanciones correspondientes a delitos previstos en el derecho interno. Sin embargo, el análisis de la efectividad de los procesos penales y del acceso a la justicia puede llevar al Tribunal, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, a analizar la proporcionalidad entre la respuesta que el Estado atribuye a una conducta ilícita de un agente estatal y el bien jurídico afectado por la violación de derechos humanos339.

199. Con relación a esta solicitud, tomando en cuenta que los procesos penales se llevaron a cabo ante una jurisdicción que no era la competente en violación al principio del juez natural (supra párr. 102) la Corte ordena al Estado, tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores144 que, en el plazo de un año desde la notificación de la presente sentencia, adopte todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar sin efecto los procesos penales militares instruidos en contra del señor Poggioli por los hechos materia de la presente Sentencia. Para dar cumplimiento a esta medida de reparación, el Estado debe dejar sin efecto en todos sus extremos la sentencia condenatoria, incluyendo la supresión de este antecedente penal del registro público correspondiente.