143. En este punto, la Corte destaca la importancia de la garantía jurisdiccional, como instrumento que posibilita el reclamo de protección de los derechos ante una autoridad que, con independencia, objetividad e imparcialidad, está en capacidad de proveer la tutela requerida, máxime tomando en cuenta las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad. A su vez, el Tribunal resalta la importancia de la función encomendada a los jueces a cargo del control de la ejecución de la pena privativa de libertad, en quienes recae, en buena medida, la protección efectiva de los derechos de dichas personas.

156. En cuanto a la violación al artículo 8.2.h) de la Convención, el Tribunal considera que en el marco de procedimientos administrativos como el que es objeto del presente caso, la garantía que dicho precepto convencional incorpora se subsume en la oportunidad efectiva de instar la tutela de los órganos de la jurisdicción y obtener una respuesta motivada de estos, siempre que los mecanismos procesales disponibles posibiliten un amplio examen de las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basó la sanción impuesta136, todo lo cual encuentra respaldo en la función de control que corresponde a los jueces de ejecución (supra párr. 144). Por consiguiente, en las circunstancias del caso concreto, el control judicial no fue efectivo, habiéndosele negado al señor Lynn, además del derecho a la protección judicial, el de recurrir y objetar la decisión administrativa que lo consideró autor de una infracción disciplinaria y, consecuentemente, le impuso una sanción. En consecuencia, la Corte constata la vulneración a la garantía que reconoce el artículo 8.2.h) de la Convención.

154. Cabe resaltar en este punto, como lo señaló la Corte en el caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, que con independencia de la decisión final que pueda asumir el juez de ejecución, la incidencia que su tarea de control puede llegar a tener en la garantía de los derechos de quienes se encuentran en privación de libertad, exige la mayor vigilancia y debida diligencia en función de las particulares necesidades de protección de tales personas132. En efecto, en ejercicio de un oportuno y adecuado control de convencionalidad que provea efectiva tutela, sin limitarse a verificar la validez del marco normativo aplicable, se impone a la autoridad judicial una amplia valoración de los alcances y las consecuencias que cualquier decisión (administrativa o jurisdiccional)podría tener en la situación de las personas, sus derechos y la realización de los fines de reinserción y reintegración social de la ejecución de la pena (artículo 5.6 de la Convención)133. En otras palabras, asumiendo su posición de garante de los derechos humanos, el control a cargo del juez de ejecución hace imperativo considerar, analizar y ponderar todos los elementos que posibiliten que su decisión, en el asunto particular, se oriente en definitiva a la eficaz protección de los derechos de las personas privadas de libertad134 y, en su caso, de las otras personas que, por su relación familiar, afectiva o de dependencia, podrían verse afectadas por el internamiento de aquella135.

146. En tal sentido, la Corte Interamericana considera que el derecho que recoge el citado artículo 8.1 de la Convención, además de exigir el desarrollo de una causa judicial en un plazo razonable, es decir, en términos del tiempo que se prolongue su tramitación, resolución y efectiva ejecución, atiende también a la necesidad de garantizar que el proceso, como mecanismo de tutela de los derechos, provea seguridad jurídica en función de su misma sustanciación y de la decisión que finalmente dirima la controversia sometida a conocimiento del tribunal. Así, la sentencia o resolución definitiva que se emita, en tanto se pronuncie sobre el fondo del asunto, debe procurar despejar cualquier incertidumbre acerca de la situación concerniente a las personas, los derechos, los bienes o las relaciones cuya discusión haya sido, precisamente, el objeto del litigio judicial. Ello demanda un pronunciamiento sobre los distintos elementos que hayan sido parte de la discusión procesal y respecto de los que el juez o la jueza ejerza plenamente sus competencias.

163. Además, las presuntas víctimas son en buena parte personas mayores158, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, la Corte recuerda que, conforme a lo establecido en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad, en determinados casos "el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad [...] para ejercitar [los] derechos ante el sistema de justicia"159. Además, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la cual Perú forma Parte160, reconoce como principios generales la igualdad y la no discriminación (artículo 3.d) el buen trato y la atención preferencial (artículo 3.k) y la protección judicial efectiva (artículo 3.n) Asimismo, en su artículo 31, este instrumento internacional reconoce el derecho de acceso a la justicia161, y señala que "[l]a persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". El párrafo tercero del citado artículo prevé que "[l]os Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales". De esta forma, la Corte considera que surge un derecho a un tratamiento preferencial de las personas mayores en la ejecución de las sentencias a su favor y un correlativo deber estatal de garantizar un acceso diligente, célere y efectivo de las personas mayores a la justicia, tanto en los procesos administrativos como judiciales162. De modo que, cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, como las personas mayores, es exigible un criterio reforzado de celeridad en todos los procesos judiciales y administrativos, incluyendo la ejecución de las sentencias.

42. Asimismo, en su artículo 31, este instrumento internacional reconoce el derecho de acceso a la justicia49, y señala que "la persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". El párrafo tercero del citado artículo prevé que "[l]os Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales". De esta forma, la Corte considera que surge un derecho a un tratamiento preferencial de las personas mayores en la ejecución de las sentencias a su favor y un correlativo deber estatal de garantizar un acceso diligente, célere y efectivo de las personas mayores a la justicia, tanto en los procesos administrativos como judiciales50.

207. Por último, dado que el proceso judicial está pendiente de resolución, la Corte considera pertinente pronunciarse en torno a la aplicación del tipo penal específico. Al respecto, si bien en el fallo de 2017 el Tribunal Oral no hizo mayor relación sobre el tema, el juez a cargo de la instrucción refirió que, dado que dicho tipo penal no se encontraba vigente al 26 de septiembre de 1976 (cuando inició la desaparición forzada de la presunta víctima) "aplicarl[o] a los hechos [...] implicaría una violación flagrante del principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa"²³³3. Ante ello, se reitera la jurisprudencia constante de este Tribunal en cuanto a que la desaparición forzada de personas es un delito de ejecución permanente, cuya consumación continúa mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos²³⁴4. En consecuencia, al entrar en vigor la tipificación del delito de desaparición forzada de personas, por mantenerse en ejecución la conducta delictiva, la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva235.